Certeza constitucional: reimpulso económico

La larga discusión pública en torno al cambio constitucional ha generado incertidumbre política, económica y social, lo que vuelve urgente y necesario cerrar exitosamente este proceso para devolverle al país la estabilidad que requiere. Enfrentados a la decisión de apoyar o no la propuesta constitucional que será plebiscitada en diciembre, ya es tiempo de entrar de lleno a evaluar sus contenidos.

El virtual estancamiento en que nos encontramos (con un crecimiento del PIB per cápita casi nulo en los últimos 10 años) y las magras perspectivas futuras (con una estimación del PIB potencial apenas superior a 2%) obligan a avanzar en un marco constitucional que dé garantías para el despliegue de la actividad privada, principal motor del desarrollo.

“Hay una buena perspectiva de que, de aprobarse el texto constitucional, observemos el necesario reimpulso de la actividad económica nacional”.

Lo primero a destacar es que la propuesta constitucional reconoce y da continuidad a la institucionalidad económica vigente, lo que ha sido un pilar fundamental para el buen desempeño del país en las últimas tres décadas. Eso contrasta con el fallido primer borrador constitucional, que amenazaba las finanzas públicas, debilitaba la autonomía del Banco Central y apostaba por un rol protagónico del Estado.

Cabe subrayar también que los derechos de propiedad quedan bien resguardados. Imposible no recordar que la propuesta rechazada en septiembre de 2022 constituía una amenaza brutal, al reemplazar en caso de expropiación el concepto de pago por daño patrimonial causado (valor de mercado) por una indemnización a “precio justo”, de total arbitrariedad. También es una buena señal que la propuesta actual recoja lo acordado por el Congreso en el Código de Aguas y releve a nivel constitucional la condición del recurso hídrico como bien nacional de uso público.

Para quienes creen en la libertad de elección, no es menor que la Constitución propuesta explicite la provisión mixta de servicios públicos en ámbitos tan relevantes como la educación, la salud y la administración de los fondos de pensiones, enfatizando la importancia de que existan prestadores privados que compitan en igualdad de condiciones con el Estado.

En materia laboral, se reconoce el derecho al trabajo decente, la libertad de sindicalización y el derecho a huelga en la negociación colectiva, además de prohibir la huelga en el sector público, que suele perjudicar directamente a la ciudadanía y a la actividad productiva.

En lo medioambiental, la propuesta constitucional reconoce que es deber del Estado y las personas proteger el medio ambiente y promover la sustentabilidad, y que el Estado contará con instituciones administrativas y jurisdiccionales en materia ambiental que no sólo serán de carácter técnico -como señala la Constitución vigente-, sino que sus actuaciones deberán ser objetivas y oportunas, y sus decisiones, fundadas. Sin duda, una invitación muy necesaria a revisar la “permisología” que tanto ha obstaculizado el desarrollo de los proyectos de inversión.

Hay, además, dos elementos en esta nueva propuesta que, no siendo estrictamente económicos, son clave: las innovaciones en materia político-electoral que permitirán encauzar de mejor manera el diálogo entre poderes del Estado, lo que augura mayores posibilidades de acuerdos; y la reposición del quórum de tres quintos para modificaciones constitucionales, que contrasta con una frágil mayoría de cuatro séptimos actualmente vigente, dando mayores garantías de estabilidad.

En síntesis, hay una buena perspectiva de que, de aprobarse el texto constitucional, observemos el necesario reimpulso de la actividad económica nacional.